Nicaragua comienza el año en incertidumbre por represión de Daniel Ortega
El gobierno de Daniel Ortega asestó un golpe a la institucionalidad de Nicaragua para finalizar 2018 en vías hacia el autoritarismo. En menos de 15 días anuló la persona jurídica de nueve organizaciones defensoras de derechos humanos, la mayoría con más de dos décadas de trayectoria. Además, asaltó medios de comunicación, encarceló a periodistas y expulsó misiones de organismos internacionales.
La suspensión de las instituciones fue solicitada por el Ministerio de Gobernación y aprobada por el Parlamento, controlado por una mayoría oficialista. Las acciones del gobierno nicaragüense fueron rechazadas y tildadas de arbitrarias, ilegales y antidemocráticas por las organizaciones locales, internacionales y distintos países.
Según el Ministerio de Gobernación, las organizaciones supuestamente apoyaron un “fallido intento de golpe de Estado”. Así se refieren a las manifestaciones antigubernamentales iniciadas el 18 de abril de 2018, luego de una serie de reformas al Seguro Social. Aunque posteriormente Ortega suprimió los cambios, la sociedad civil mantuvo las protestas exigiendo un cambio de gobierno.
El primer golpe fue para el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), con 35 años en funcionamiento. El 29 de noviembre de 2018 los legisladores orteguistas cancelaron su figura jurídica y ordenaron la confiscación de sus bienes. Señalaron a la institución de presuntamente tramitar fondos para las protestas. La directora de la ONG, Ana Quirós, fue expulsada a Costa Rica.
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) fue la segunda organización en perder la personalidad jurídica, el 11 de diciembre. El opositor y director ejecutivo de la organización, Félix Madariaga, calificó la decisión como típica de una tiranía, en una entrevista con CNN.
Posteriormente, el 12 de diciembre, los legisladores dejaron sin estatus legal a las organizaciones Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Un día después se sumaron otras cinco: el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), la Fundación Popol Na; el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), la organización ambientalista Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.
“El Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional se han coludido para ejecutar este vergonzoso plan de represión por órdenes directas del gobierno Ortega-Murillo. Estas acciones violentan los procedimientos establecidos en la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, ya que no se abrió ningún procedimiento administrativo en contra de las organizaciones civiles y tampoco han tenido derecho a la defensa”, denunció el Cenidh.
IRRUPCIÓN. Miembros de la policía antidisturbios vigilan las instalaciones del canal 100% Noticias, el sábado 22 de diciembre de 2018, en Managua
Expulsión de expertos
El gobierno de Ortega expulsó de Nicaragua al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 19 de diciembre.
La creación del GIEI tenía la finalidad de ayudar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos durante las protestas. Fue un grupo respaldado por el gobierno, la CIDH y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Meseni, por su parte, cumplía una función de monitoreo de los derechos humanos en el país centroamericano.
Denis Moncada, canciller de Nicaragua, alegó que los organismos internacionales establecieron una “plataforma de divulgación de información falsa”, supuestamente en la búsqueda de sanciones internacionales.
El GIEI concluyó en un informe que Ortega y Murillo dirigieron una represión con la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Recomendó a los organismos internacionales investigar y determinar responsabilidades.
DECLARACIONES. Amerigo Incalcaterra, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), durante una conferencia de prensa en Managua el 19 de diciembre
Asalto a medios de comunicación
La noche del jueves 13 de diciembre la policía de Ortega allanó las sedes de las organizaciones Popol Na, Fundación del Río, Instituto de Liderazgo de las Segovias y Cenidh. Paralelamente dirigieron un asalto a varios medios de comunicación independientes. Irrumpieron en las instalaciones de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche para registrar y llevarse equipos de trabajo.
La televisora 100% Noticias también recibió la visita de la policía para allanar sus instalaciones, confiscar equipos y sacar del aire la señal el viernes 21 de diciembre. Además, detuvieron al director del canal y a su esposa, Miguel Mora y Verónica Chávez; a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau; al operador de controles Gustavo Cerna; al conductor Joseph Hernández, y a dos guardias de seguridad.
Chávez fue excarcelada al día siguiente, mientras que Hernández y Cerna el sábado 5 de enero. El canal calificó las detenciones como un secuestro. Además, exigió la liberación inmediata del resto de los trabajadores y respeto a la libertad de prensa.
Mora enfrenta un proceso judicial por supuestamente “fomentar e incitar al odio y la violencia”. Pineda Ubau fue señalada de presunta provocación y conspiración terrorista. La policía orteguista también busca a los periodistas Jackson Orozco, Luis Galeano y al comentarista Jaime Arellano, los dos últimos abandonaron el país, según el diario local La Prensa.
“El régimen Ortega Murillo asesta otra estocada profunda hacia los medios de comunicación independientes de Nicaragua, que desde el inicio de la crisis han denunciado con veracidad las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses”, denunció 100% Noticias en un comunicado.
GIEI. Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Claudia Paz (i) y Pablo Parenti (d) en una conferencia de prensa
Esfuerzos internacionales
Después de las acciones de Ortega, la reacción internacional no tardó en llegar. Catorce países, incluido Estados Unidos, denunciaron la arremetida en contra de las organizaciones nicaragüenses. En un comunicado, exhortaron al gobierno a revertir las decisiones legislativas, dejar de atacar a la sociedad civil y garantizar las libertades fundamentales.
La administración de Donald Trump también proclamó la Ley “Nica Act”, cuyo fin es cortar el financiamiento del gobierno de Ortega mediante préstamos de entidades internacionales.
En la sesión extraordinaria del jueves 27 de diciembre, la OEA recibió el informe final de la GIEI. Luis Almagro, secretario general del organismo, anunció el inicio del proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, apoyado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile y Perú.
El instrumento jurídico se aplica cuando ocurre alguna alteración del orden constitucional y puede concluir con la suspensión del país en el organismo. Almagro destacó en la sesión: “La falta de democracia y derechos humanos es un asunto de la región entera, la solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos interamericanos para abordarlo”.
MEDIOS. Fotografía de archivo que muestra a Miguel Mora, propietario de la televisora 100% Noticias en la premiación del Gran Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa en Argentina
Números en rojo
Desde el inicio de las protestas se han registrado entre 325 y 545 muertos, la primera es la cifra otorgada por el Meseni y la segunda por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh). La ONG también reportó 4 mil 533 heridos, de acuerdo con EFE. Las manifestaciones, antes de ser criminalizadas y prohibidas, fueron atacadas por policías y sujetos armados afectos al gobierno.
La CIDH ha registrado unos 400 presos políticos, pero el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de Nicaragua eleva la cifra a al menos 674. Sin embargo, el gobierno solo reconoce a 340, a los que califica de supuestos “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes”.
El 2019 se presenta como un año de grandes retos para los nicaragüenses, pero también de profundas incertidumbres. La recuperación de la democracia se plantea como un objetivo principal en un país en el que las protestas están prohibidas, hay asociaciones de derechos humanos ilegalizadas y los medios de comunicación están acorralados.
