Ajustes fiscales: Gremios de Costa Rica denuncian que presidente Alvarado no quiere dialogar

Desde hace un mes, los costarricenses han tomado las calles para denunciar un ‘combo fiscal’ que intenta implementar el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

Diversos gremios y sectores se han manifestado ante unas medidas que pretenden convertir el impuesto de ventas, que corresponde al 13%, a un impuesto de valor agregado (IVA) con la misma tasa.

Alvarado también incluyó cambios en el impuesto sobre la renta y ciertas restricciones en los beneficios salariales de los trabajadores públicos para reducir el gasto estatal en este sector.

Si bien esto puede parecer necesario, tomando en consideración que la deuda del sector público en el país centroaméricano equivaldrá a finales de 2018 el 50% del PIB y que el déficit fiscal superará el 7%, también es necesario considerar que la evasión de impuestos en Costa Rica representa desde el año 2010 un 8% del producto interno bruto (PIB) y las exoneraciones a ciertos sectores privilegiados representan un 5.7% del mismo.

“Cuando medimos estas dos cosas (evasión y exoneraciones) nos vamos a dar cuenta de que son casi un 14% del PIB y el déficit ha estado situándose en el 5% (…) [aunque] para este año se prevé que podría llegar al 7%”, dijo a El Tiempo Latino, Ronald Segura, representante gremial del poder judicial.

Alvarado no quiere escuchar y los ánimos se empiezan a caldear

Los costarricenses que se han manifestado aún no logran entender por qué el gobierno no prefiere atacar el déficit fiscal haciendo una revisión en la evasión de impuestos y las exoneraciones. Sobre todo considerando que el impuesto se implementará a la canasta básica, lo que afectará notablemente al 22% de la población que es considerada pobreza extrema.

De hecho, diferentes grupos organizados han intentado dialogar con el Ejecutivo, pero Alvarado no se ha mostrado abierto a hacerlo. Segura comentaba que el mandatario no ha acudido a ninguna de las citas y por el contrario envía a viceministros que no tienen poder de decisión.

“Lo lógico es que se abra una ronda de negociaciones de previo a tomar alguna determinación, pero esa posibilidad no se ha dado al día de hoy”, agrega segura al indicar que esto va contra la tradición democrática que ha tenido Costa Rica de integrar a los diferentes sectores en la discusión de los problemas nacionales.

Por su parte, la Asamblea Legislativa tampoco está acatando el debido proceso para llevar a cabo la aprobación de este proyecto fiscal al utilizar una figura que se llama “vía rápida” para discutir la propuesta, en la que se limita la participación de los diputados a tres minutos por moción.

Explica el fiscal que bajo este procedimiento “no se está discutiendo en el plenario”. Por el contrario, la disertación se hizo en “comisión plena”, a pesar de que la Constitución de Costa Rica garantiza que los proyectos de esta naturaleza requieren la consulta de diferentes gremios y sectores. En caso de que la discusión resulte ser negativa, en la asamblea, la propuesta debe sacar 38 votos para su aprobación.

El viernes 5 de octubre fue aprobada en primera votación con 35. “Nuestra asamblea se compone de 57 diputados. Requeriría de 38 votos para poder aprobar un proyecto y lo que se ha dicho es que cuando se requiere mayoría calificada, como lo llamamos nosotros en Costa Rica, no se puede aplicar el procedimiento de ‘vía rápida’”.

No obstante, después del debate los diputados decidieron enviar la reforma fiscal a diversas instituciones para que sea consultada antes de que se lleve a cabo la segunda votación.

Medios locales advirtieron que los parlamentarios podrían decidir también enviar el texto a la Sala Constitucional. A pesar de que esto no es una obligación en la normativa del poder Legislativo costarricense, se debe llevar a cabo con la petición de 10 diputados para que el proyecto sea entregado a esta instancia, permitiendo que la segunda discusión dependa de la resolución judicial.

¿Y la comunidad internacional?

El gobierno de Alvarado intenta asegurarle a la población de Costa Rica que la intención detrás de este “combo fiscal” responde al interés de contar con una buena carta de presentación ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mandatario ha manifestado que esto es esencial para obtener más en préstamos, sin embargo, Segura comenta que no existe ningún documento oficial del FMI que exija a Costa Rica realizar reformas fiscales con el fin de hacer una solicitud de este tipo.